"Los crímenes perpetrados por la Triple A fueron considerados delitos de lesa humanidad a nivel nacional por el juez federal Norberto Oyarbide, que estimó probados los vínculos de la organización criminal con el Estado que se confirman en Bahía Blanca a partir de múltiples elementos.
En primer término, los jefes de la organización eran el diputado nacional Ponce y el rector interventor Tetu, quienes proveyeron a la patota de salarios en la Junta Nacional de Granos y la UNS, donde fueron contratados bajo la pantalla de “seguridad y vigilancia” pero para afrontar “problemas subversivos”, y les permitieron el acceso a vehículos de ambas dependencias y de la UOCRA y la CGT, entre ellos ambulancias, camionetas, el Ford Falcon que oficiaba como vehículo oficial del rector Tetu y las dos versiones conocidas de la tétrica “fiambrera”: una FIAT 125 azul y un Dodge Polara GTX verde que pasó sucesivamente de manos sindicales a universitarias".
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