Así NO

Nos solidarizamos con los trabajadores y trabajadoras del Departamento de Sanidad de la UNS, que fueron sorprendidos por un grupo de cuatro funcionarios del rectorado (dos secretarios y otros dos subsecretarios) que se apersonaron  el  pasado 28 de junio y levantaron un acta dejando constancia de presentes, en un momento de tanta sensibilidad respecto a la estabilidad laboral en el ámbito público. Situaciones como la vivida por los compañeros y las compañeras de ese sector se han repetido en otras reparticiones estatales y se cuentan ya por centenares los despidos, mientras sobre las Universidades pesa la inminencia de las evaluaciones de “dotaciones óptimas” que pretende realizar el gobierno nacional, en sintonía con los requerimientos del FMI y la supervivencia de su propia política económica.

En esa oportunidad, según su propio registro reflejado en el acta mencionada, los funcionarios hicieron un recorrido que abarcó "todas las habitaciones y lugares del Departamento de Sanidad -incluidos espacios circundantes-“, sin dar explicaciones, ni hacer referencia a un objetivo o situación que justificara esos hechos.

Esta situación fue denunciada públicamente por la Lista Violeta y el frente sindical Bordó-Violeta que se expresaron mediante comunicados. Las declaraciones públicas del Secretario General de Bienestar Universitario pretendieron endilgarles intencionalidades políticas particulares. No debería olvidar el funcionario su rol de patronal, el poder que ello le confiere y el contexto en que la acción objetada se produjo, con la fuerza simbólica que conlleva. A riesgo de redundancia, lo subrayamos una vez más, por si no hubiese quedado claro: se trata de un control sorpresa ejercido por altos funcionarios, sin explicación alguna y en épocas en que pesan sobre el conjunto de trabajadoras y trabajadores estatales las estigmatizaciones que preparan el terreno a despidos masivos o congelamientos de planta. 

Como representación de las trabajadoras y los trabajadores no docentes en los órganos de gobierno expresamos nuestra preocupación por un comportamiento inusual y grave  de parte de las autoridades que evidenciamos como una falta de respeto, una demostración de fuerza y un preocupante antecedente contra la planta no docente usando la lógica de patrones y empleados, sin comprender que además de ser parte de la comunidad universitaria somos pares en el cogobierno. 

Repudiamos también el uso mediático que quiso hacerse del traslado definitivo de un trabajador del Departamento de Sanidad, decidido de manera unilateral por un funcionario que lo efectivizó sin que lo haya resuelto el Consejo Superior Universitario, como ordena el Estatuto.

Ese trabajador, sometido a un linchamiento mediático, fue objeto de sumario y sanción en 2013-2014. Como indica el comunicado institucional de la propia UNS al respecto, esas investigaciones derivaron en una sanción aplicada por resolución del Rectorado, quien tiene atribuciones disciplinarias sobre el personal no docente. Los casos ya fueron juzgados por una gestión de idéntico color político que la actual. Aconsejado por la misma Asesoría Letrada que funciona hoy, y conociendo las acusaciones y su tenor, el Rectorado de la UNS aplicó una sanción criticada ahora por su propio funcionario, omitiendo también elevar oportunamente las denuncias a los órganos judiciales que deben tramitarlas, desamparando con ello a las víctimas por las que súbitamente se preocupa ahora.

Es sabido que la jurisprudencia no admite juzgar dos veces a un acusado por la misma causa. Lo cual lleva ahora a concluir que si la UNS perdió la ocasión de aplicar sanciones que expresaran una postura oficial no fue por la acción del acusado ni de ningún sector de trabajadores, sino por sus propias limitaciones institucionales. Limitaciones que hemos señalado ante otros casos de gravedad, que desgraciadamente no gozan de una equivalente atención mediática. Basta reseñar la lentitud exasperante de los juicios académicos, por siempre indefinidos, contra docentes acusados de participar en el plan criminal del terrorismo de Estado.

Más allá de eso, el secretario general de Bienestar Universitario no ha explicado cuál es la relación entre las acusaciones contra uno de los trabajadores del Departamento de Sanidad y el operativo de control que se extendió a todo el personal de la dependencia. Tampoco queda claro cómo pretende combatir la violencia de género mientras aplica a las trabajadoras de Sanidad un control autoritario sin justificación, colocando a una de ellas en la violenta posición de testimoniar el acta. Muchos menos se explica que el funcionario participe de coberturas periodísticas difundiendo las situaciones particulares padecidas por las denunciantes, omitiendo la discreción que exige el tema y arriesgándose a revictimizarlas.

Los trabajadores y trabajadoras no docentes no podemos admitir que, por un caso particular ya juzgado y por las limitaciones institucionales que siempre subrayamos, se siente el precedente de que se nos puede someter a un control patronal de la violencia del descripto, que se nos pueda juzgar dos veces por la misma causa o que se proceda a traslados sin consentimiento, expresamente prohibidos, o a la definitiva exoneración sin sumario. Simplemente porque, consumado un caso, podría aplicarse a cualquiera. Sobre todo en el contexto nacional actual, que pesa sobre el sector como una espada de Damocles.

Invitamos a las autoridades universitarias a que no descarguen sobre el conjunto de trabajadoras y trabajadores sus indignaciones a destiempo, motivadas por su propia indefinición en temas de profunda sensibilidad.