Entre 2009 y 2012 nos opusimos a la aceptación de los fondos provenientes de utilidades que la UTE Minera Alumbrera-YMAD giraba a las Universidades Nacionales.
Afirmamos que el conocimiento del origen de las utilidades líquidas como consecuencia de la explotación minera a cielo abierto ponía a los integrantes de la comunidad universitaria ante una cuestión que, si bien estaba amparada legalmente, involucraba principios éticos y constitucionales que no debían ser soslayados.
Señalamos que la megaminería a cielo abierto tiene graves repercusiones económicas, políticas y socioambientales que afectan el territorio y la vida de las poblaciones involucradas como consecuencia de los daños ecológicos que producen. Además, Minera Alumbrera Limited tenía graves denuncias tanto en nuestro país como en el exterior que dieron lugar a causas judiciales por contaminación ambiental y evasión fiscal y de las cuales las universidades públicas no podían desentenderse.
Planteamos que el eje fundamental de la polémica sobre la aceptación o rechazo de los fondos era esencialmente ético y político, ya que afectaba el rol de contralor de las universidades nacionales y podía suponer en los hechos la sumisión de la producción académica y científica a los intereses de quienes puedan financiarla.
Fuimos una minoría quienes rechazamos aquellos fondos contaminados y el tiempo nos dio la razón.
En 2017 la Justicia de Catamarca, en un fallo histórico, dictaminó que la empresa minera Alumbrera deberá realizar las acciones necesarias para la recomposición integral de daños ambientales causados en las localidades tucumanas de Concepción y Alpachiri.
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