ACERCA DEL CRECIMIENTO EDILICIO DE LA UNS

Los trabajadores no docentes apoyamos todas las iniciativas democráticas de la institución. Hemos sostenido consecuentemente a lo largo de los años de participación en los órganos de gobierno la necesidad de que todos los sectores de la comunidad universitaria estén representados con voz y voto.  Apoyamos la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos que a través de su Consejo Asesor le da participación a la comunidad en temas relevantes como la contaminación, la discriminación y la búsqueda de verdad y justicia en los delitos de lesa humanidad, entre otros. Presentamos proyectos para incluir a los docentes de las escuelas medias en los órganos de gobierno que forman parte de la comunidad de la UNS y hasta el día de hoy no tienen voz ni voto.  Muchas otras iniciativas de este tipo han surgido de la representación de los trabajadores no docentes, el único que no tiene requisitos para votar en las elecciones, porque logramos quitarlas a fuerza de empeño y trabajo conjunto con los distintos estamentos en la Asamblea Universitaria.

Somos el único sector de la comunidad universitaria que tiene un solo representante titular y un suplente  en el Consejo Superior. Aún así, asumimos nuestra responsabilidad de ser la voz de los que trabajamos en la Universidad apoyando las labores académicas, de investigación y de extensión.

En el caso de la venta de los terrenos, creemos que lejos de estar hablando de una transacción comercial, se está planificando el crecimiento de la institución y sabemos, porque nos consta, que los espacios resultan insuficientes, que muchas actividades terminan casi superponiéndose, que faltan aulas, que no alcanzan los laboratorios, que hay carreras que tienen dificultades por la falta de lugar físico y que hay además cuestiones de seguridad en juego por esto. Todos los días vivimos este problema concreto en nuestras áreas de trabajo y eso no sería tan importante si no supiéramos que afecta a la calidad de las funciones educativas y de investigación.

Más allá de todas las opiniones, que respetamos, los trabajadores no docentes consideramos que los terrenos se venderán con fines patrimoniales claros y siempre que se cumplan las condiciones establecidas en los pliegos licitatorios, ampliamente difundidos y tramitados con transparencia desde la administración. La finalidad no es dilapidar fondos públicos sino construir los espacios necesarios para mejorar las  posibilidades académicas y de investigación en el sector de expansión del campus universitario. Una universidad inclusiva necesita condiciones edilicias y de seguridad  propicias para aprender, enseñar e investigar. 

Los trabajadores no docentes defendemos el patrimonio del Estado, sostenemos la importancia fundamental de las instituciones públicas y consideramos que no solo se deben fortalecer sino ampliar las entidades estatales, pero también pensamos que el presupuesto del Estado nacional debe volcarse a la solución de otras cuestiones más urgentes. Las universidades nacionales, en el marco de sus competencias legales, pueden disponer de su patrimonio para su desarrollo y siempre que no sea en desmedro de la institución.

Por otra parte, si las decisiones fundamentales de la institución se someten a un plebiscito, sin tener en cuenta la composición cuantitativa de los diferentes estamentos, el resultado no sería representativo de la comunidad universitaria en su totalidad. Por una razón similar, cuando propiciamos la elección directa de Rector sugerimos un sistema de voto ponderado por una representatividad real y proporcional.

Hacemos pública nuestra posición porque la democracia universitaria, que defendemos, merece que se expliciten las posiciones de todos los estamentos a través de las listas respectivas, base del sistema de representación que habilita nuestro Estatuto.